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la administración pública

Las administraciones públicas (local, autonómica, estatal y europea)

La financiación pública puede provenir de diferentes fuentes, organismos locales (ayuntamientos), provinciales (diputaciones), autonómicos (gobierno vasco), estatales o europeos e internacionales (UE, ONU, etc.) y la colaboración pueden ser básicamente de tres tipos: licitación vía contrato público, convenios y/o subvenciones.

La subvención: ¿Qué es? Concepto y marco legal

Dentro de las vías de financiación públicas son las más frecuentes. Normalmente son convocatorias públicas de carácter anual por lo que no proporcionan estabilidad económica a las entidades.

Las subvenciones son muy importantes para las asociaciones por el peso que suponen sobre su financiación total. Sin embargo hay que tener claro que la existencia de una entidad no se puede supeditar únicamente a la concesión o no de subvenciones.

Además hay que tener en cuenta que el cobro de la subvención se puede dilatar y es habitual que haya que hacer el gasto antes de recibir el ingreso, generándose además problemas de tesorería ante el retraso y periodificación de los pagos.

Los organismos convocantes pueden ser: la Unión Europea, la Administración General del Estado, el Gobierno Vasco, las Diputaciones y los Ayuntamientos.

Una subvención es una ayuda dineraria sin contraprestación otorgada por la Administración Pública y está regulada por la Ley Estatal 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, desarrollada a traves del Real Decreto 887/2006, de 21de julio, por el que se aprueba el Reglamento de esta Ley 38/2003.

En ningún caso la subvención o ayuda otorgada podrá superar el coste de la actividad a desarrollar por la entidad beneficiaria.

Destacar además que requieren una cofinanciación amplia ya que, ordinariamente, suelen representar un porcentaje bastante lejano al 100% del coste del proyecto.

La solicitud de subvención

La presentación a una convocatoria pública de subvenciones conlleva una serie de requisitos mínimos previos imprescindible para poder optar a la misma:

Requisitos de carácter general de las entidades solicitantes de las subvenciones:

  1. Estar legalmente constituidas y debidamente inscritas en el correspondiente o los correspondientes registros o censos administrativos.
  2. Desarrollar la actividad en el ámbito de aplicación de la subvención y tener allí la correspondiente sede social o delegación, en su caso.
  3. Debida cumplimentación de los impresos de solicitud, con la firma de la persona representante de la entidad. Presentación de un proyecto y su correspondiente presupuesto, recogiendo tanto gastos como otras fuentes de ingresos o financiación.
  4. Estar al corriente de las obligaciones fiscales, con la Seguridad Social.
  5. Presentación de Estatutos, Memoria de actividad y cuenta de resultados del año anterior.
  6. Si la subvención es compatible con otras subvenciones, documentación que acredite la presentación y concesión o no de otras ayudas.

La justificación técnica y económica de la subvención concedida

La concesión de la subvención, al igual que la solicitud, implica una serie de obligaciones para las entidades beneficiarias:

  1. Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.
  2. Justificar técnica y económicamente ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.
  3. Comunicar por escrito a la Dirección correspondiente, tanto en el momento de la solicitud como posteriormente, la modificación de cualquier circunstancia que afecte a alguno de los requisitos exigidos y tenidos en cuenta para la concesión de las subvenciones, siempre a la mayor brevedad.
  4. Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.
  5. Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero que puedan realizarse, aportando cuanta información sea requerida.
  6. Disponer de los libros contables, registros de documentos económicos (facturas, tickets, nóminas, etc.) que hayan sido exigidos por las bases reguladoras de las subvenciones, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

En cuanto al resto de documentos (Nóminas, TCs de la S.S., impresos de Hacienda, etc.) deberán ser impresos legales o normalizados y debidamente sellados y firmados por el organismo competente.

  1. Conservar los documentos justificativos originales al menos durante cinco años a partir de su fecha, en tanto en cuanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
  2.  Adoptar medidas de difusión. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención.
  3. En el caso de no ejecución de la totalidad de la subvención concedida, presentación de la justificación y reintegro efectivo de los fondos percibidos-no gastados.

El Convenio: Acuerdo de colaboración de carácter privado

Los convenios entre las administraciones públicas y las entidades privadas son acuerdos de colaboración de carácter privado, en los que ambas parten negocian y establecen los requisitos y alcance de los mismos, en condiciones de igualdad, con el fin de satisfacer las necesidades de ambas partes.

Los convenios ofrecen mayor estabilidad que las subvenciones que normalmente son de carácter anual, en cuanto que se suelen tener carácter plurianual y/o ser prorrogables.
Los contratos de colaboración o convenios son ajenos al concurso público y por tanto no se rigen por la normativa reguladora de los contratos públicos.

El contrato público

Como en el caso de las subvenciones públicas, existe una normativa general que regula este tipo de ayudas públicas, el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Regula la contratación del sector público, a fin de garantizar los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia y no discriminación e igualdad de trato entre las entidades candidatas, y de asegurar una eficiente utilización de los fondos mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa.

La ley recoge tres modalidades de contratación de la gestión de los servicios públicos:

El contrato público en el marco de la Ley de servicios sociales en la CAPV

La ley 12/2008 de Servicios Sociales define un sistema de responsabilidad pública que debe ser gestionado por las Administraciones Públicas solas o en colaboración con la iniciativa privada, preferentemente por la iniciativa privada sin ánimo de lucro.

Destacar que la actual Ley de Servicios Sociales del País Vasco, en su artículo 61, contempla un régimen de concierto especial, diferente al régimen de concierto establecido en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y los convenios, en determinados supuestos, como otras alternativas, distintas a la contratación, para la provisión de los servicios sociales de responsabilidad pública incluidos en el Catálogo de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales.

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